Daños a cielo abierto
Por Emilio Godoy*
TLALPUJAHUA, México, 22 jul (IPS) -
Mariana Rangel se llena de nostalgia cuando mira las instalaciones abandonadas
de la mina Dos Estrellas, donde trabajó seis años como secretaria. "Eran tiempos
prósperos y hoy sólo queda esto", dice la mujer a IPS mientras señala el área
donde se ubicaba el antiguo hospital.
La comunidad de Tlalpujahua, un pueblo de estilo colonial a 160
kilómetros de la capital de México, bien puede ser símbolo de la grandeza
ilusoria y los daños reales de la minería en este país. Entre 1905 y 1913 fue
una de las mayores productoras de oro del mundo, y en 1959 fue liquidada por el
gobierno por su escasa rentabilidad.
En un lapso de ocho años, de ese
yacimiento que fue propiedad del belga François Joseph Fournier, se extrajeron
45.000 kilogramos de oro y 400.000 kilogramos de plata mediante las más modernas
técnicas de la época.
Un siglo después del cenit de esta localidad de
8.000 habitantes, la minería de socavón, pero sobre todo la practicada a cielo
abierto son objeto de una fuerte polémica, por los magros beneficios que dejan a
las comunidades e incluso a los estados, que en cambio deben lidiar con su
legado de contaminación.
Organizaciones no gubernamentales de diferentes
lugares del mundo establecieron que este miércoles 22 de julio se conmemore el
Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto.
El caso más
emblemático en México es la lucha de una década del movimiento no gubernamental
Pro San Luis Ecológico contra la empresa Minera San Xavier, de capitales
canadienses, y su explotación del Cerro San Pedro en el central estado de San
Luis Potosí, a unos 400 kilómetros de la capital mexicana.
El movimiento
de ecologistas y pobladores acusa a la compañía, filial de la canadiense New
Gold (fusionada el año pasado con Metallica Resources) de contaminar los mantos
acuíferos con cianuro empleado para separar el oro y la plata de la roca, de
extraer agua en forma desmedida y de operar en una zona ecológica.
La
minería ha sido parte fundamental de la historia de esa región. Los habitantes
no se oponen a la explotación subterránea, que se practicó durante siglos. Pero
rechazan la minería a cielo abierto, que consiste en abrir literalmente un
enorme cráter en la montaña, de varios cientos de metros de profundidad,
desplazando millones de toneladas de rocas luego tratadas con cianuro y agua.
CANADIENSES A LA CABEZA
"Es muy triste que la minería a cielo
abierto esté en boga. Canadá ya se dio cuenta de que puede controlar a México
con esas inversiones", dijo a IPS el abogado Héctor Barri, de Pro San Luis
Ecológico, en referencia al predominio de las empresas canadienses en el sector
minero.
Canadá encabeza la lista de países sedes de empresas
trasnacionales con explotaciones a cielo abierto, con 51 por ciento de todo el
capital minero. México ha sido más rico en plata que en oro, aunque su
territorio alberga 23 depósitos minerales gigantes, que lo ubican entre los 12
mayores productores globales en al menos 18 elementos.
Estadísticas
oficiales indican que, hasta el mes de junio, 263 compañías mineras con capital
extranjero operaban 677 proyectos en México, 70 por ciento de ellas canadienses.
En 26 de los 32 estados de este país hay corporaciones e inversiones
extranjeras, que se concentran sobre todo en los norteños estados de Sonora,
Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Pro San Luis derrotó legalmente en dos
ocasiones a Minera San Xavier, lo cual no ha impedido que ésta prosiga la
explotación minera.
Entonces el movimiento llevó el caso a la Comisión
de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), creada en 1994 por Canadá,
Estados Unidos y México dentro del marco de pactos ambientales complementarios
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La CCA contempla las
peticiones ciudadanas sobre aplicación de la legislación ambiental. En esa
facultad se amparó en febrero de 2007 la solicitud de Pro San Luis Ecológico,
argumentando que la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos
Naturales violó leyes mexicanas al autorizar una licencia para explotar oro y
plata a la Minera San Xavier.
Pero los fallos de la CCA no obligan al
Estado demandado a acatarlas, por lo cual "son puros llamados a misa. La CCA no
tiene fuerza coercitiva, es un juicio moral", subrayó Barri.
El 15 de
julio, el Secretariado de la CCA, con sede en la ciudad canadiense de Québec,
propinó un revés a los ambientalistas, al dictaminar improcedente la denuncia.
La CCA se escudó en la existencia de procedimientos legales en curso, la
falta de información disponible al público por la confidencialidad de esos
procedimientos y la posibilidad de duplicar esfuerzos, ya que hay expedientes
judiciales en marcha sobre ese mismo caso.
PROCESO SIGUE EN MÉXICO
Minera San Xavier obtuvo en febrero de 1999 permiso para explotar el
Cerro San Pedro, a pesar de un decreto del gobierno estadual que lo declaraba
zona ecológica.
"Nunca se debió otorgar el permiso a la minera, ahí
empiezan los problemas. Es un caso flagrante de impunidad ambiental", sostuvo
Barri.
Pro San Luis inició el procedimiento legal y en octubre de 2005
un tribunal federal declaró nula esa autorización. Pero en abril del año
siguiente la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente extendió una nueva
licencia ambiental a la empresa.
En mayo de este año un tribunal
colegiado, compuesto por tres magistrados, volvió a dar la razón al movimiento
ecologista. "Es el único caso en el mundo en que se ha ganado en los tribunales
de forma clara y contundente. Pero, tristemente, las autoridades han omitido el
cumplimiento", enfatizó Barri.
Ante ese panorama, Pro San Luis presentó
el 14 de este mes una demanda penal contra el presidente del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal, Francisco Cuevas, y el magistrado Alejandro Sánchez por retraso
en la aplicación de justicia, obstaculización y ejercicio indebido de función
pública. Además, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que analizara ese
expediente.
QUINCE CASOS PERUANOS ANTE LA CIDH
En Perú, uno de
los mayores productores de minerales del mundo, la expansión del sector ha ido
de la mano de las demandas comunitarias, trasladadas en algunos casos a
instancias internacionales ante la débil respuesta de las autoridades
nacionales.
En 2003, la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería (Conacami), presentó 15 denuncias relacionadas con esta
actividad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando
que el Estado vulneraba derechos fundamentales de las poblaciones de zonas
mineras.
Entre esos casos se encuentran el de los "relaves" (residuos
tóxicos) de San Mateo de Huanchor en la occidental provincia limeña de
Huarochiri, el derrame de mercurio de Choropampa en la norteña región de
Cajamarca, el de los depósitos de minerales en el Callao, cerca de Lima, y el
del complejo de fundiciones de La Oroya, en la región centro-andina de Junín.
"El Estado impulsa la minería como motor de su modelo económico, pero no
aplica al mismo tiempo políticas públicas para proteger a la población de los
impactos que genera esta actividad. Eso es un absurdo", dijo a IPS la abogada
Marleni Canales, responsable de incidencia y políticas públicas de la Conacami.
De los 15 casos denunciados, la CIDH ordenó al Estado peruano medidas
cautelares a favor de las poblaciones de San Mateo de Huanchor y de La Oroya.
San Mateo de Huanchor se ubica al noroeste de Lima, en la cuenca alta
del río Rímac y a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, en una
zona donde se practica la ganadería y la agricultura.
De acuerdo con un
estudio elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental en 2000, los
residuos minerales allí tenían altas concentraciones de arsénico, plomo, zinc y
cianuro.
La Conacami envió en abril de este año una nueva denuncia de
incumplimientos a la CIDH solicitando que se pronunciara sobre el tema de fondo
y pasara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión
tiene hasta septiembre para emitir su veredicto, según Canales.
Otro
caso simbólico es el de La Oroya, cuya población está severamente afectada por
los agentes tóxicos que emanan de la metalurgia que opera la empresa
estadounidense Doe Run.
La planta de La Oroya procesa minerales que se
extraen de al menos 30 yacimientos de la zona centro y sur del país que, la
mayoría a cielo abierto. Después de muchos plazos extendidos y violados, Doe Run
intenta nuevamente que el gobierno le dé más tiempo para cumplir con el Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental, fundamental para reducir las emanaciones
tóxicas.
En 2007 la CIDH dispuso una medida cautelar a favor de 65
moradores de La Oroya, afectados por la contaminación. En este caso también se
espera de la Comisión un dictamen y una elevación del proceso ante la Corte.
"Las instancias nacionales se han agotado, porque pese a todos los
reclamos no se toman medidas efectivas. Lo que le queda a la población es
presionar afuera porque ahora hay más interés en estos temas en el sistema
internacional", dijo a IPS el economista José de Echave, responsable del
Programa Minería y Comunidades de la organización no gubernamental CooperAcción.
Si una minera daña el ambiente en Perú puede recibir una multa máxima
equivalente a 600 unidades impositivas tributarias (con un valor unitario de
unos 1.166 dólares) mientras el castigo para las petroleras puede llegar a las
10.000 unidades.
En la mexicana Tlalpujahua, la cuestión hoy es
recordar.
"México tiene mucha riqueza mineral, pero no tiene un gramo de
memoria", dijo a IPS Gustavo Bernal, director del Museo Tecnológico Minero del
Siglo XIX, desarrollado en la antigua mina de Dos Estrellas.
"Con el
museo queremos rescatar la cultura minera y mostrar el saqueo del que hemos sido
víctimas desde hace décadas", dijo Bernal, cuyo abuelo, Arturo, fue jefe de
talleres eléctricos en la mina y oriundo de Tlalpujahua, que significa "lugar de
tierras esponjadas" en la antigua lengua náhuatl.
* Con aportes de
Milagros Salazar (Lima). (FIN/2009)
e una relación disfuncional ó en relaciones establecidas con compañeros, familiares ó amigos. Una persona codependiente es aquella que permite que la conducta de otra persona le afecte y que está obsesionada por controlar la conducta de otras personas. La codependencia determina que una persona codependiente puede sentir vergüenza al darse cuenta o trata de cambiar sus sentimientos y pensamientos más privados, si estos entran en conflicto con esa u otra persona. Significa baja autoestima, búsqueda de aprobación, no tener límites propios acerca de sus pensamientos, sentimientos ó conducta. Un hecho común es el complacer a personas, autodenigrandose
